Todo se ha ido de madre cuando un simple funcionario del Estado, el director general de tráfico (así con minúsculas, no merece más) se atreve a amenazar a los ciudadanos con la prohibición de acudir a los centros de las ciudades en sus propios vehículos:
: «Al centro de la ciudad no vas a ir ni con eléctrico ni con diésel ni con gasolina: vas a ir en transporte público y, si tienes prisa, en Uber, taxi o Cabify».
¿Pero quién se ha creído que es este funcionario para amenazar a los ciudadanos?
¿Acaso el coche que se compra no paga impuestos? ¿no paga impuestos la gasolina? ¿no se paga el impuesto de circulación? ¿no tenemos , pues, derecho, después de tantpo pagar, a usarlo como nos plazca?
¿Quién es este individuo para atentar contra la libertad de ir a dónde nos plazca, recogida en el artículo 19 de la Constitución?
Nos imponen una baliza sospechosa, e ineficaz, como un trágala que parece ocultar tramas oscuras como las de las mascarillas (De hecho, hay empresas que están en las dos tramas) y ahora bajo un supuesto riesgo de no sé qué, no demostrado científicamente se nos quiere como siempre coartar nuestra libertad
En derfinitiva: ¿qué coño se ha creído este imbécil?
